Hay poco que puede gustar del acuerdo entre dirigentes congresales y la Casa Blanca, excepto que sí se cerró. El acuerdo evitó una catastrófica suspensión de pagos por parte del gobierno, inmediata y probablemente hasta finales de 2012. El resto es casi una total capitulación a las demandas, debido a la toma de rehenes por parte de los extremistas republicanos. Afectará a programas para la clase media y los pobres, y entorpecerá la recuperación económica.

Durante semanas, desde que los republicanos en la Cámara de Representantes dijeron que no aumentarían el techo de endeudamiento del país sin enormes recortes al gasto, los demócratas se mantuvieron firmes en algunos principios básicos. Debe haber nuevos ingresos fiscales en la mezcla para que los más ricos carguen una parte de la carga y no se pueda afectar al Medicare.

Esos principios se descartaron para llegar a un acuerdo por el cual se reduce el déficit en cerca de 2,500 billones de dólares en una década. Los primeros 900,000 billones a 2,500 billones de dólares provendrán directamente de programas internos discrecionales (cerca de un tercio del Pentágono) y no incluirán ingresos nuevos. Un “súper comité” de 12 legisladores determinará los siguientes 1,500 billones de dólares, el cual podría recomendar ingresos, pero es poco probable que lo haga ya que la mitad de sus integrantes será republicana.

Si el comité está en un callejón sin salida o cualquiera de las cámaras del Congreso rechaza sus recomendaciones, entonces la temida guillotina de los recortes podría caer: 1,200 billones de dólares en reducciones al gasto a todos los niveles que entrarían en vigor a principios de 2013.

Los negociadores han tratado de hacer este mecanismo de penalización tan desagradable como sea posible para brindar un incentivo para que lo eviten el súper comité y el Congreso. Para los demócratas, la pena incluiría recortes a los proveedores de Medicare. La de los republicanos debió haber sido nuevos ingresos fiscales, pero claro que se negaron a considerar eso y se salieron con la suya. En cambio, su incentivo será tratar de evitar grandes reducciones al presupuesto militar.

Los demócratas están luchando por conservar una disposición para que los programas a los que tienen derecho las personas de bajos ingresos estén exentos de los mecanismos de reducciones automáticas de décadas anteriores. No hay ningún mandato para que una reforma a un presupuesto balanceado pase por el Congreso. No habrá una segunda toma de rehenes por el techo de endeudamiento en unos cuantos meses, como habían exigido inicialmente el presidente de la Cámara de Representantes John Boehner y su banda de radicales. Los negociadores demócratas decidieron que el sistema de reducciones automáticas, a pesar de ser negativo, es menos una amenaza a la economía que otra crisis de suspensión de pagos, y muchos cuentan con que legislaturas futuras remediarán esta carnicería arbitraria.

Lamentablemente, en un ambiente político acordonado por la locura, es probable que esa reflexión sea correcta. Algunos republicanos en la Cámara de Representantes buscaban la suspensión de pagos, con la esperanza de que el terremoto económico sacudiera a Washington y al gobierno de Obama al punto de ser irreconocibles. Los demócratas tenían razón al temer los efectos de una suspensión de pagos y del impacto de una nueva recesión en todos los estadounidenses.

El presidente Barack Obama pudo haber sido más firme al negociar con los republicanos, quizá con la amenaza de usar sus poderes constitucionales para ignorar el techo de endeudamiento, si el Congreso abrogaba su responsabilidad de aumentarlo. Sin embargo, este incidente demuestra la efectividad de la extorsión. Se obliga a personas razonables a ceder ante quienes están dispuestos a poner en peligro el interés nacional.

Los demócratas pueden ver hacia adelante al vencimiento de las reducciones fiscales de Bush el año entrante, y tendrán que explicar en las elecciones del 2012 para que nuevos legisladores reparen el daño.